En España la aprobada Ley Seguridad Alimentaria y Nutrición del 5 de julio de 2011 se quedó corta. Prohíbe la venta en los centros escolares de productos con un "alto contenido" en ácidos grasos saturados, grasas trans, sal y azúcares, aunque no se especificaba la cantidad de cada sustancia, que tendría que fijarla el Gobierno, indicando que:  “En los procesos industriales en los que se puedan generar ácidos grasos trans, los operadores responsables establecerán las condiciones adecuadas que permitan minimizar la formación de los mismos, cuando se destinen a la alimentación, bien de forma individual o formando parte de la composición de alimentos”.

En la actualidad, el etiquetado de los productos no incluye (con raras excepciones) su contenido en AGt, lo cual dificulta su identificación por parte de los consumidores. Tampoco, hasta ahora, la legislación europea exige la declaración del contenido en AGt, por tanto el consumidor no puede conocer con seguridad los niveles de AGt de los productos que compra, ni seleccionar los que estén libres de ellos.

Su única opción es buscar en los ingredientes la indicación de si contiene ácidos grasos hidrogenados o parcialmente hidrogenados, lo que no descartaría la presencia de aceites alterados por altas temperaturas

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