Todo lo relacionado con las radiaciones ionizantes aviva una inmediata preocupación pública, que llega a alcanzar límites extremos de sensibilización ante catástrofes como la de Chernobyl. En ocasiones se habla de radiactividad como si se tratase de una maldición, pero el hecho científico es que la radiactividad es una propiedad que tienen algunas sustancias, como otras, tales como su color o sabor, pero con la salvedad que no se ve ni se siente, y que en dosis elevadas puede ser extremadamente perjudicial para los seres vivos.

 

El ejemplo de los pararrayos radiactivos puede ser bastante ilustrativo. En España existen unos 25.000 y la prensa ha divulgado muchos conflictos relacionados con ellos. Ha sido casi patético el peregrinar de la empresa Enresa, encargada de su desmantelamiento y destrucción, en búsqueda de un lugar temporal para su almacenamiento, siendo rechazada por más de 30 municipios que previamente habían mostrado su interés al respecto. Pues bien, los 25.000 pararrayos suponen una actividad equivalente de Americio-241 que no llega a ser la décima parte que la de una fuente de cobalto-60 de las que usualmente se instalan en muchos centros hospitalarios. Más aún, las radiaciones del Americio-241 son de tipo alfa de poca penetración, pudiendo ser detenidas por una simple hoja de papel o por la propia piel, de modo que son indetectables a un metro de distancia del pararrayos, mientras que las fuentes de cobalto-60 emiten radiaciones gamma muy penetrantes.

 

Por otra parte, la radiactividad natural existe desde siempre y se conocen más de 70 isótopos radiactivos naturales. Por ello, sumando otras fuentes naturales de radiación tales como los rayos cósmicos, los seres humanos recibimos como promedio anualmente unas radiaciones del orden de 75 milirems. En términos comparativos hay que tener en cuenta que los datos de 1988 procedentes de UNSCEAR (Comité Científico para las Radiaciones de las Naciones Unidas), indican que, por término medio, la radiación de origen en los rayos X de las radiografías supone por sí sola hasta un 50% de la radiación natural y la originada por los ensayos nucleares que se han efectuado en la atmósfera es sólo del 1% de la natural, mientras que es del orden del 1 por mil la ocasionada por la producción y uso industrial de radionúclidos en centrales nucleares y otras instalaciones.

 

Pero, aunque intentemos ser pragmáticos, es un hecho indiscutible la realidad del peligro representado por la existencia de un número cada vez mayor de residuos radiactivos, algunos procedentes de los denominados pequeños productores: empresas, hospitales, universidades, centros de investigación, etc. Pero en otras ocasiones el problema puede alcanzar dimensiones tremendas, como sucede con los subproductos de las centrales nucleares o con los de su desmantelamiento, cuando cumplen su ciclo de vida útil. Existen más de 500 reactores nucleares construidos, lo que obligará a que en la primera década del siglo XXI más de 300 hayan de ser clausurados en un proceso que comienza en el nivel 1 (cierre bajo vigilancia), pasa por el nivel 2 (liberación parcial y condicional), y el objetivo final alcanzable tras varias décadas es el nivel 3, de liberación total, en que el emplazamiento debe quedar igual que antes de existir la central nuclear. Un ejemplo de características similares, en España, es el caso de la fábrica de uranio de Andújar, explotada por la Junta de Energía Nuclear desde 1959 a 1981, aparte de guardar los residuos posibles en otros emplazamientos, se están cubriendo las antiguas instalaciones con diversas capas impermeabilizantes de más de 2 metros de espesor, con protecciones especiales contra lluvias, emisiones, improbables inundaciones por el río Guadalquivir e incluso posibles terremotos futuros.

 

Ante el rechazo popular a todo lo que se apellida radiactivo, sobre todo a vivir cerca de lugares de almacenado de productos de ese tipo, no es de extrañar que al aprobarse en 1987 en EE.UU. la Ley de Enmiendas sobre Política de Residuos Nucleares, se contemplase la figura de un "negociador", perteneciente al propio gabinete ejecutivo del Presidente, cuya misión fuese buscar lugares específicos y comunidades, tribus indias por ejemplo, que voluntariamente estuviesen dispuestas a aceptar algún tipo de instalación temporal o definitiva de residuos nucleares. El pasado 4 de agosto el Senado americano confirmó para ese puesto, mediante propuesta del presidente Bush, al senador republicano David Leroy. Entre sus tareas sin duda figurará la de dialogar con personajes como el Gobernador de Nevada que ha dicho que a él la tecnología y las evaluaciones técnicas le importan poco y que simplemente se opondrá a cualquier instalación de ese tipo en su Estado.

 

En todo caso el temor ante algo que no se siente ha hecho que diversos organismos internacionales den normativas al respecto. Uno de los más respetados fue creado ya en 1928 y es el CIPR, Comisión Internacional de Protección Radiológica, una institución científica, autónoma e independiente. El CIPR ha fijado el límite indicativo para la exposición a fuentes artificiales de radiactividad en 500 milirems por año. Hay que tener en cuenta que una radiografía de la espalda supone unos 350 y una angiografía cerebral hasta 16.000 para la glándula tiroides. El límite indicativo no significa seguridad de peligro ante situaciones específicas por encima de ese valor, pero recibir menos de 500 milirems anuales tampoco constituye un seguro individual. Se trata tan sólo de un valor medio prudencial.

 

Las medidas y normas internacionales sobre residuos e instalaciones radiactivas han de existir y cumplirse. De haberse cumplido, el caso de Chernobyl no hubiese acaecido, ya que no cumplía siquiera con algunos requerimientos considerados básicos. Por ello, últimamente el trabajo internacional en estos temas se ha intensificado enormemente.

 

Así, a principios de octubre de 1990 los esfuerzos de la CIPR cristalizaron en una publicación normativa respaldada conjuntamente por las instituciones más prestigiosas: Comité Asesor de Gestión de Residuos Radiactivos (RWMC) de la Agencia Europea Nuclear (NEA) de la OCDE; el comité del Plan de Acción Comunitaria (ACPM) de las Comunidades Europeas y el Comité Internacional de Gestión de Residuos Radiactivos (INWAC) del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OlEA).

 

Otro tema de preocupación consiste en la evaluación de diversos peligros potenciales naturales y artificiales sobre la seguridad de los almacenamientos: erosión, volcanes, corrientes acuosas, terremotos, etc. Auspiciado por la NEA, en 1985 se constituyó el PSAC, grupo internacional al que España se incorporó en 1988, que plantea y resuelve ejercicios hipotéticos en diversos supuestos, basándose en la colaboración internacional. De un modo análogo otro programa, el Biomows, fue promovido por Suecia hace cinco años y es apoyado por la Unión Internacional de Radioecología y por 24 organizaciones de 14 países.

 

Toda esta preocupación internacional, ¿en qué forma se plasma como proyectos de almacenado a corto, medio y largo plazo de los residuos radiactivos de baja, media y alta actividad? En una próxima ocasión intentaremos analizar las iniciativas al respecto de los diversos países, entre ellos el nuestro.