En España las emisiones de gases de invernadero, expresados en dióxido de carbono, aumentaron un 38% entre 1990 y 2002, y un 4,54% en un solo año, entre el 2002 y el 2001. En el reparto del esfuerzo de reducción dentro la llamada "burbuja comunitaria", a España se le había asignado un incremento máximo permisible del 15%, por lo que el valor real ha superado más de dos veces la prevista. Consecuencia de los acuerdos de Kyoto, España tendría que pagar por "derechos de emisiones atmosféricas" 4.000 millones de euros anuales entre los años 2008 y 2012.